Brasil: Una masacre
anunciada
Jorge Pereira Filho
ALAI-AMLATINA 24/11/2004, São Paulo.- El hijo de la
trabajadora sin tierra Edilene, embarazada
de 6 meses, aún no nace, pero ya está condenado a convivir con el dolor de
la impunidad en el campo brasileño. El
día 20 de noviembre, al medio día, 18
pistoleros contratados por el hacendado
Adriano Chafik Luedy ejecutaron a sangre fría a su padre, Iraguiar Ferreira da Silva, su abuelo, Joaquín José dos
Santos, y su tío, Miguel José dos Santos. Los asesinos también arrebataron la vida a
dos amigos más de su padre: a
los trabajadores Juvenal Jorge da Silva y Francisco Nascimento Rocha. En
el mismo atentado, más de veinte
personas fueron heridas, entre ellas un niño de 12 años. No satisfechos,
la banda prendió fuego a las barracas y expulsó
a las cien familias del campamento Tierra Prometida del Movimiento de los
Trabajadores Sin Tierra (MST), situado en
Felisburgo, región del Valle de Jequitinhonha,
una de las más pobres de Minas Gerais.
Se engaña quien piensa que esa tragedia fue una sorpresa
en la delegación del municipio de Jequitinhonha,
responsable de
la investigación de los crímenes de la región. La policía local estaba muy bien informada
respecto a las insistentes
amenazas que las familias sin tierra sufrían hace más de dos años. Luedy, mientras
tanto, se sentía tan a voluntad
delante del poder policial que no dejó de intimidar a los trabajadores
incluso después de haberse abierto una
indagación para investigar los indicios de que organizaba una
milicia armada.
Masacre anunciada
"Los trabajadores fueron muertos por omisión del
poder público", denuncia el procurador de justicia Alfonso
Henrique de Miranda, coordinador del centro de Apoyo Operacional
de Conflictos Agrarios del Ministerio Público de
Minas Gerais. Miranda fue uno de los primeros en recibir un
documento enviado por los sin tierra y por la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT) a los órganos públicos, en el
2002, relatando las amenazas de Luedy contra los
trabajadores. En función de
estas alertas, una indagación fue abierta en la delegación de Jequitinhonha. " Durante
varias veces, yo hice oficios solicitando informaciones sobre
la indagación y pidiendo que la policía agilitase el
proceso", relata Miranda.
Sin embargo, la policía no oyó las alertas de los trabajadores. Según el procurador, las investigaciones solo
proseguían cuando había presión extrema. Para él, el asesinato de los cinco
trabajadores es la comprobación de la
negligencia. "La indagación
fue frustrada. Si hubiese sido realizada
con rigurosidad los asesinatos no habrían
ocurrido. La cuadrilla ya
estaba totalmente identificada y hasta hubo un pedido de prisión provisional,
pero nada de
eso se realizó", explica el procurador, añadiendo que
va a recomendar a las familias de las víctimas que pongan una
demanda ante la Justicia para responsabilizar al Estado por los
crímenes.
Impunidad
"El
gobierno de Aécio Neves
tiene total responsabilidad por la
masacre", estima Marceline Ferreira, agente de
pastoral
de la CPT, que presentó la denuncia a los órganos públicos.
La matanza no
fue la primera acción armada comandada por el hacendado.
En por lo menos en otras dos ocasiones, los
pistoleros disparaban a las barracas para que los sin tierra dejaran
el área. "Nosotros llamábamos a la
policía, que
venga hasta el lugar y ellos sin embargo no fueron. Pero algunas horas después los pistoleros
regresaban", cuenta el
acampado Paulo Paixão. Según él, en una de esas oportunidades, los
sin tierra capturaron dos caballos
cargados de municiones.
"Entregamos todo a la policía.
Para nuestra
sorpresa algunos días después los caballos habían sido devueltos a los
pistoleros", recuerda Paixão.
Marceline confirma que esa situación era de conocimiento general
en la región de Felisburgo, uno de los lugares donde
hay más acción de los guardaespaldas. La CPT ya hizo diversas denuncias sobre la
acción de las milicias armadas
en Minas Gerais, organizadas por articulaciones
como la Unión de Defensa de la Propiedad (UDP).
"La masacre podía
haber sido evitada. Por
eso, estamos más rebeldes. El Estado no
tiene compromiso con la reforma agraria y no actúa
de forma efectiva cuando recibe una denuncia, poniendo en riesgo la vida de los campesinos", dice Marceline. Luedy
comandó la masacre de sin tierras porque se sitió protegido.
"Ya había una indagación en camino y ninguna
providencia fue tomada. Esas personas no
creen que el poder público vaya a
ir contra los poderosos", estima el procurador Alfonso Miranda.
Esperanza
Los trabajadores sin tierra y las organizaciones progresistas
del campo prometieron no dejar pasar el caso
como un ejemplo de impunidad.
En solidaridad, otros acampados del MST bloquearán tres carreteras, en Minas
Gerais. "Exigimos
castigo inmediato a los responsables y en caso de que eso no ocurra vamos a
hacer más movilizaciones",
promete Ademar Ludwig, de la dirección
estatal del MST. Los trabajadores
pidieron reunirse con el gobernador Aécio Neves
(PSDB).
Mientras tanto, las familias expulsadas por los
pistoleros están retomando el campamento.
"Nosotros vamos a levantar
nuestras barracas de nuevo.
Hay un sentimiento muy grande de revuelta e indignación, con lo que
ocurrió", cuenta
Paixão. Hasta la fecha,
cuatro pistoleros han sido apresados y la policía del Estado investiga al
hacendado y
su primo, acusados de ser los responsables intelectuales del crimen. La Secretaría de Defensa del Estado de
Defensa
Social y Seguridad Pública no quiso comentar las críticas
a la conducción de la indagación policial.
La masacre de los trabajadores del campamento de Tierra Prometida
no es una excepción, pero es una muestra de la
situación de impunidad y del divorcio con la reforma agraria. Se estima que el Estado de Minas Gerais tiene 500
mil familias sin tierra.
De esas, cerca de 15 mil viven, hoy, en campamentos, la mitad
organizadas por el MST. Un
estudio de la Universidad Federal de Ouro
Preto señala que existen, en el Estado, 11 millones
de hectáreas de tierras
desocupadas, es decir, que pertenecen al Estado.
Repercusiones
"La larga historia de impunidad para los que cometen
violaciones a los derechos humanos y otros actos de
violencia contra el MST y otras organizaciones rurales es una de
las causas de los asesinatos del día 20.
Condenamos
el ataque y exigimos que las autoridades investiguen inmediatamente, llevando
a los responsables a juicio",
señala una nota oficial de Amnistía Internacional.
"La nueva sangre derramada de nuestros hermanos de
Tierra Prometida clama al Cielo y clama a las autoridades estatales
y federales. Cada vez más la demora
en la reforma agraria se está tornando cómplice. No podemos permitir más, que
esta sangre quede infecunda", señaló Don Pedro Casaldáliga, obispo de São Félix
de Araguaia (MT).
"De ninguna manera habrá impunidad. Un crimen bárbaro, una violencia
inaceptable. Estamos hablando de
ciudadanos
brasileños que estaban acampados, con autorización judicial y que
fueron brutalmente agredidos. Todo el
acompañamiento
será hecho de tal forma que nosotros podamos, en un plazo muy
rápido, identificar y responsabilizar a los criminales",
Miguel Rossetto, ministro de
Desarrollo Agrario. (Traducción ALAI)
* Jorge Pereira Filho. Brasil de Fato.