Discurso del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva al recibir el Premio D. Sergio Méndez Arceo

 

 

XII PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

“DON SERGIO MÉNDEZ ARCEO”

                                                    a Ángel Arias, que murió y luchó como procesado político

 

El Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva recibe como un alto honor este Premio Nacional de Derechos Humanos, creado en nombre de un gran luchador de las causas populares, la justicia social y los derechos humanos de Morelos, México y América Latina: don Sergio Méndez Arceo. Un obispo cuyo ecumenismo y compromiso rebasó las fronteras de su propia Iglesia y el mundo religioso. El hecho de ser nosotros además una organización morelense nos responsabiliza aún más hacia don Sergio y sus ideales sociales. El premio representa el reconocimiento de la importancia de los derechos de tercera generación y el comienzo de la etapa de retroceso de una corporación trasnacional promotora de la violencia y la corrupción.

Como Frente sabemos que representamos a un movimiento ciudadano, que rebasó las fronteras de nuestra ciudad de Cuernavaca, y que ha expresado la capacidad de indignación y organización de la sociedad civil ante los atropellos del poder económico coludido con el político, en ausencia de toda ética. Por tanto, no somos un grupo nada más, sino un conjunto amplio de ciudadanos, de todas partes de Morelos, México y el mundo, hermanados en la lucha contra un modelo neoliberal el Casino representa un microcosmos de ello-, depredador de cualquier resquicio de dignidad ciudadana, cultural, de formas económicas autónomas y de respeto al medio ambiente, servido por el aparato represivo estatal. El ejemplo más emotivo y claro fue la megamarcha del 27 de agosto del 2002, donde la reserva moral de la sociedad civil morelense, y nacional, se volcó a las calles en más de 15 mil personas para decir “No” a la represión y a la ilegalidad. El apoyo y consejo de los pueblos de Morelos, de organizaciones magisteriales, campesinas y populares de México, así como de ONGs de México e internacionales, está íntimamente ligado a la lucha del Frente.

La consigna que nos une a todas estas identidades locales y globales es: “la desobediencia debida a toda orden inhumana dada por la autoridad”, un “Ya Basta” al atropello, la ilegalidad, la ilegitimidad y la impunidad. Nuestro límite estuvo sí en la dificultad para movilizar en forma continua a esas veinte mil firmas de apoyo que tuvimos, en acciones de protesta activa pública en la calle.

        

La lucha pasó rápidamente de una defensa separada de ciertos patrimonios (cultural, ecológico, arqueológico, artístico, urbano y económico) que contenía y representaba el Casino de la Selva, a una lucha por la “defensa de la ciudad” donde vivimos y viven nuestras familias, amigos y mucha gente más. Ha sido una lucha por el derecho a decidir el futuro de la ciudad que habitamos nosotros y las generaciones venideras, por un espacio urbano de dimensiones humanas, convivencial, en armonía con la naturaleza y las formas económicas populares y campesinas. Una lucha por el respeto a la historia y la identidad de una población urbana y su territorio. Un parque con centro cultural y la universidad de las artes fue el proyecto concreto que propusimos, con datos de cómo sería algo mucho más redituable económica y humanamente para toda la ciudad. Nunca aceptamos las falacias oficiales del progreso: tumbar con mazo y motosierras arte del muralismo mexicano, arquitectura de vanguardia, vestigios olmecas, casi mil árboles (algunos centenarios), para sustituirlos por planchas de cemento para estacionar coches y productos trasnacionales. Además, la empresa, utilizando su poder económico, propagó bondades, aún hoy incumplidas, para convencer a los ciudadanos: ¿dónde están los 800 empleos? ¿los sueldos de $3500? ¿los 30 mil árboles? ¿la vialidad interior que ahora van a cerrar? Y, por supuesto, todas las ganancias van al exterior sin beneficios alguno para la comunidad. ¿Ése es el progreso neoliberal?

        

El  lugar, lo legal y lo legítimo ocuparon un aspecto central en la lucha noviolenta del Frente, sea en lo positivo que en lo negativo. Una característica básica en el éxito de varias de nuestras acciones más audaces fue dirigirlas en forma directa hacia los actores responsables de la injusticia y situarlas en su propio territorio (lugar), rompiendo así algunos prejuicios y temores de la lucha social. Sobre todo con plantones, ayunos y bloqueos se buscó desnudar públicamente la verdad y la mentira, tocar la conciencia del adversario y confrontar la impunidad haciendo públicos los documentos oficiales; original y fuerte fue, por ejemplo, la irrupción de dos miembros del Frente en medio de la asamblea anual de accionistas de Costco en Seattle en enero de 2002,  el plantón-ayuno de 81 días dentro del Palacio de Gobierno de Morelos o la instalación dentro de una oficina de la SEGOB durante una noche. Este manejo del lugar en la direccionalidad de las acciones contribuyó a aumentar nuestra fuerza moral (principal arma del Frente) hacia adentro y hacia el espacio público, nos dio respeto aún ante el adversario, y también, por qué no decirlo, a veces nos generó más encono. El Frente incursionó asimismo, como la intensidad de la lucha lo demandó, en el terreno de la desobediencia civil al negarnos algunos a pagar la renovación de la fianza (hasta hoy) y a ir a firmar cada semana al CERESO de Atlacholoaya, para dejar de ser rehenes de las autoridades estatales y el poder judicial local, en un juicio penal aberrante desde todo punto de vista, que continúa incluso hasta hoy; cinco veces nos han cambiado de juez.

Se comprobó así una vez más que la noviolencia activa radical es una fuerza de lucha social muy eficaz, que no usa armas para destruir al otro, sino para que sea capaz de enmendar su conducta injusta y, en nuestro caso, comprendiera que la lucha era también por el bienestar de sus propios hijos. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos panistas de Estrada y José Raúl Hernández y las trasnacionales se negaron a buscar juntos la legalidad y el bien común, les ganó su codicia material, y entonces optaron por acosar, amenazar y reprimir brutalmente al movimiento hasta el encarcelamiento, criminalizando al activismo social por la permanente difamación y engaño en los medios, por la polarización de la sociedad. Cabe destacar el sacrificio de varios compañeros que por esta lucha fueron despedidos de sus trabajos: periodistas que se comprometieron en difundir la causa, maestros que enseñaban a sus alumnos a investigar la problemática, promotores culturales solidarios y políticos a quienes se les coartó de sus derechos. Aprovechamos, igualmente, una vez más, para volver a hacer un llamado a la conciencia de las autoridades y empresarios para que sean capaces de anteponer el bien común a sus propios intereses, y así puedan crecer junto a sus familias en una vida y servicio dignos.

        

Por otro lado, la variable del lugar, respecto a la ubicación de las megatiendas, no la supimos hacer entender suficientemente a una parte de la sociedad civil de Cuernavaca; precisamente Costco-Comercial Mexicana en el Casino transforman Cuernavaca en un No-Lugar pues los megaequipamientos convierten los lugares urbanos en espacios suburbanos indiferenciados. El Frente siempre sostuvo que las megatiendas debían ser ubicadas en las orillas de la ciudad, como en otras partes del mundo, y que no nos oponíamos a la creación de más empleos. Pero este objetivo central de la lucha fue ocultado a la opinión pública por el gobierno panista con la complicidad de algunos medios, dejando a la gente desarmada ante la idea de progreso económico y la no existencia de otra alternativa para las megatiendas.

En cuanto a lo legal, los propios organismos nacionales e internacionales involucrados en el conflicto han reconocido reiteradamente el rigor intelectual y honestidad con el que los miembros del Frente han recabado toda la documentación legal para demostrar abundantemente la corrupción, ilegalidad e impunidad con que se llevó a cabo todo el proceso del Casino desde la compraventa -con avalúo cero a las obras de arte- por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, topamos con una realidad brutal que todos conocemos a priori pero que confiamos ingenuamente de que podía cambiar: el estado de derecho en México es todavía más un deseo que una realidad. La concepción de legalidad que manejamos los ciudadanos y la propia ley no es la misma que la que manejan los poderes públicos y sus aliados económicos: para nosotros la legalidad está unida directa y proporcionalmente a la justicia y el bien común, lo que también significa cumplir con la entrega de una serie de documentos precisos fijados para la obtención de determinados permisos; para el panista y Costco-Comercial Mexicana lo legal está garantizado sólo por la firma del funcionario en turno, sin importar el cumplimiento correcto de los requisitos previos. La ley ha sido muchas veces en la historia un instrumento de lucha, de cambio, y no, como para estos funcionarios, un medio para mantener el statu quo y proteger sus intereses particulares. Mucha ciudadanía cayó en esta trampa y prevaricato graves. Ésa fue la principal arma del fraude que orquestaron los poderes federal, estatal y municipal, cuya ignominia los va a perseguir. A la larga el pueblo y la historia pondrán a cada uno en su lugar. Ya ahora cada vez más la gente está visualizando la catástrofe de este proyecto y el cambio de uso de suelo que el ayuntamiento aprobó para toda la ciudad, llenándola ahora de tiendas de autoservicio, edificios y gasolineras.

        

A pesar del golpe tan grande que significó la inauguración de las megatiendas en septiembre del año pasado consumación de un crimen contra la ciudad-, el Frente sigue firme en su lucha por la legalidad y la justicia en Cuernavaca y Morelos. Sabemos bien que los procesos de conflictos sociales no son sólo coyunturas a corto plazo sujetas al maniqueísmo simple de éxitos o fracasos, sino que son precisamente procesos largos y complejos. Por ello, en esta etapa, estamos centrados en una serie importante de demandas contra las autoridades estatal y municipal en la PGR, la PGJEM y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal; así como en que se retiren todos los cargos a los 31 procesados políticos. De igual manera se está participando en un proyecto  de  propuesta de ley para la protección de patrimonios culturales y ambientales, para evitar la repetición de estos sucesos. Estamos desplegando todas las herramientas legales posibles para que las trasnacionales reparen los daños causados a la ciudadanía: disminución de la calidad de vida, pérdida del patrimonio universal que se encontraba en el Casino, violación a los derechos más elementales de los ciudadanos; así como que los funcionarios que incurrieron en ilegalidades y violencia sean sancionados para que no haya impunidad.

También han sido muy importantes los logros internacionales recientes en materia de derechos humanos: en el “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México” entregado por el Alto Comisionado de los DDHH de la ONU para México al presidente Fox, en diciembre pasado, se menciona claramente el caso del Casino como un ejemplo de “persecución y hostigamiento” hacia activistas sociales: “…la empresa Costco-Comercial Mexicana, con la complicidad de las autoridades de Morelos, vulneró recientemente el derecho a un medio ambiente sano al proceder a la tala inmoderada de zonas forestales y micro-ambientales; el derecho al disfrute del patrimonio histórico, artístico y cultural al destruir zonas arqueológicas, monumentos, murales y esculturas representativas del arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX, y también los derechos civiles y políticos garantizados constitucionalmente al proceder a reprimir a ciudadanos que promueven acciones legales y de resistencia pacífica en oposición a la destrucción del sitio”.

        Asimismo, en enero pasado, un grupo estadounidense de accionistas éticos de Costco, sobre todo ligados a diferentes iglesias, propuso, con el apoyo de otros accionistas, en la asamblea anual que se aprobara una cláusula, para futuras compras de la empresa en el mundo, que “obligaría a los directores a elaborar una política de compra de predios, que incorpore factores sociales y ambientales que aseguren la preservación patrimonial de las comunidades en las que se asiente. De igual forma, se deberá establecer el respeto a su medio ambiente y a los derechos humanos, consultando además a las comunidades posiblemente afectadas con la instalación de las tiendas”.

        En lo político, el Frente, siempre ha estado atento y cercano a otras luchas en la ciudad, el Estado o el resto del país, que tengan afinidad con la nuestra y que busquen resistir al modelo neoliberal de capitalismo expropiador y represor, así como abonar a los procesos de democratización, como por ejemplo en la crisis de gobernabilidad que atraviesa actualmente nuestro Estado con el gobierno panista involucrado en escándalos de narco y asesinatos. En muchos sentidos la confrontación del Frente ya había anunciado este desastre político estatal.

 

El Frente estuvo también definido por la comprensión que la lucha de nuestro movimiento abarcaba la solidaridad con otras formas de resistencia a la voracidad neoliberal, de ahí que se buscó apoyar en las agresiones que sufrieron  los pueblos de Tlalnepantla, Temoac, Amilcingo, Huazulco y Atenco, u otras organizaciones sociales hermanas. 

En cuanto a la acción noviolenta, entre otras cosas, se está organizando con fuerza la segunda etapa de la campaña ciudadana de no-coperación con las megatiendas y de afectación de su imagen pública: el Boicot a Costco-Comercial Mexicana-Restaurante California-Sumesa. La ciudad estará cada vez más llena de calcomanías, volantes y carteles invitando a la ciudadanía a concientizarse y no consumir allí “por dignidad”. Cada vez somos más los ciudadanos que tomamos conciencia del poder que tiene, a mediano plazo, el arma del boicot.

Sabemos que al recibir este premio, estamos adquiriendo una gran responsabilidad ante la sociedad, que implica la esperanza de muchos ciudadanos por defender el derecho a decidir el tipo de ciudad, Estado y el país en que desean vivir y heredar a las futuras generaciones, por la defensa de los patrimonios cultural, ecológico, arqueológico, histórico, artístico, urbano y económico de la ciudad toda, así como el derecho a participar en las decisiones públicas que les afectan directamente.

Quisiéramos concluir, con un nuevo agradecimiento profundo a las organizaciones que participaron de esta doceava edición del Premio dedicado a “Don Sergio”, obispo y profeta, y unir fuerzas entre todas y todos con la esperanza firme que cualquier lucha social por la justicia y los derechos nos enaltece a todos y ayuda a que la especie avance hacia una más plena humanización.

 

FRENTE CÍVICO PRO DEFENSA DEL CASINO DE LA SELVA

24 de abril de 2004